La “Ley de fomento a la lectura, los libros y las bibliotecas”, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, es una plataforma fundamental para la promoción de la lectura entre la población del país, así como para el desarrollo de las bibliotecas nacionales y de la industria editorial, estiman representantes de diferentes sectores.

La normativa, que convierte el estímulo a la producción y consumo del libro en una responsabilidad del Estado, se hizo realidad tras muchos años de esfuerzos y tentativas fallidas, afirmó el diputado Mario Castillo, promotor de la iniciativa.
A su juicio es una ley que abarca casi todos los aspectos relevantes: la producción literaria y científica, la industria editorial, el fomento de la lectura, así como el fortalecimiento de las bibliotecas nacionales, entre otros.
Pone en manos del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) la tarea de impulsar esfuerzos en todas esas áreas y, para ello le dota de un instrumento esencial: el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que tendrá dos fuentes de financiamiento independientes del presupuesto nacional.
Dicho Consejo tendrá la función de asesorar al Estado en la definición de una política nacional de fomento de la lectura y proponer los planes para la ejecución de dicha política.
Además, toca al Consejo asesorar al gobierno en lo relativo a la reglamentación y ejecución de la ley y coordinar las acciones del Estado, el sector privado y la comunidad dirigidas al logro de sus objetivos.
Integran el organismo el ministro o ministra de Cultura y Juventud, quien lo preside, la ministra o ministro de Educación, el director o directora del Sistema Nacional de Bibliotecas; un representante de los autores y creadores de obras literarias o artísticas designado por el mismo consejo; un representante de los editores designado por la Cámara Costarricense del Libro, y un representante de los libreros y distribuidores designado por la misma Cámara.
Financiamiento
“Esta es una ley que va más allá de proponer un programa de lectura, ya que incluye a la industria del libro e integra tanto al sector público como privado en el Consejo”, que definirá políticas y estrategias para el impulso del libro y la lectura, destacó Marianela Camacho, editora de la Editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA).
Otra de las iniciativas novedosas y trascendentales, dice, es que instaura un fondo que en los primeros cinco años se nutrirá del superávit del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Esta decisión es un gran acierto porque no hay forma de aplicar una política pública si no se cuenta con los fondos necesarios para desarrollar programas y ni el Ministerio de Cultura ni el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) tendrían presupuesto para este fin”, agregó Camacho.
El presidente de la Cámara Costarricense del Libro (CCL), Oscar Castillo Rojas, explicó que los recursos provenientes del INS permitirán al Consejo sufragar el costo de sus actividades durante el primer quinquenio, mientras consolida fuentes propias de financiamiento.
Previsoramente, la ley autoriza al Consejo a captar contribuciones de las empresas privadas, las cuales obtendrían beneficios fiscales por sus aportes, así como obtener recursos de los excedentes de instituciones públicas.
En principio, se estima que solo la transferencia del INS significaría un ingreso de 250 millones de colones anuales para el Consejo.
Secretaría
El presidente de la CCL destacó además el hecho de que la ley establece la creación de una secretaría del Consejo, lo que Castillo interpreta más bien como un cargo ejecutivo, que va más allá de las funciones meramente administrativas.
“Pienso que lo que el Consejo debe tener es una especie de ejecutivo o ejecutiva que sea capaz, no simplemente de llevar las actas, sino de concertar con los organismos públicos e incluso con las empresas privadas para que los acuerdos puedan ejecutarse”, indicó.
Ese es un tema crucial: que el Consejo no se convierta en un ente simple ente asesor, que se reúne voluntariamente una vez al mes, sino que pueda ejecutar efectivamente los acuerdos.
“En tal sentido, será esencial que el reglamento de la ley defina con claridad las funciones de esa secretaría”, acotó Castillo.
Los retos
Para Álvaro Rojas, coordinador del Colegio de Costa Rica (entidad del MCJ encargada de promover la literatura), tras la aprobación de la ley están planteados varios retos importantes.
Uno de ellos es consensuar un reglamento que no entrabe sino que facilite la aplicación de la ley, en cuyo espíritu está el crecimiento de la cultura nacional mediante la creación y difusión del libro.
“El gran reto es la administración del “juego” y su reglamentación, las regulaciones específicas en cuanto al fondo, el mandato de administración por parte del Ministerio de Cultura y Juventud”, explicó el funcionario.
“Tenemos que hacer un trabajo administrativo jurídico para darle forma y estructura, además de definir los contenidos y el personal encargado”, añadió.
Otro de los grandes retos es encontrar los mecanismos para ampliar el acceso al libro impreso en todo el país.
“A mí me parece que el acceso al libro impreso en Costa Rica es bueno, ya que tenemos una inversión importante en bibliotecas públicas y universitarias, y también hay bibliotecas públicas en algunas regiones, pero hay otras en las que el acceso está más limitado. El libro debe llegar a todo el territorio nacional y eso es un gran reto”.
“Además, existe una literatura producida regionalmente que tiene pocas opciones editoriales y pienso que hay que abrirle la puerta a esa literatura”, aseveró Rojas.
En el mismo sentido se manifiestan otros entrevistados, como Marianela Camacho de la EUNA, quien propone “desarrollar una política que vaya enlazando el Sistema Nacional de Bibliotecas con otros sistemas establecidos fuera del Valle Central, fuera de la Gran Área Metropolitana”.
“La ley contempla el libro electrónico e incorpora de manera muy potente las plataformas tecnológicas digitales, que podrían abrir un sinfín de posibilidades para pensar en fortalecer la circulación del libro” concluyó.